En el contexto actual la inflación afecta a todos, representando una carga financiera significativa para los deudores encargados de afrontar los gastos. Los costos de los servicios funerarios básicos aumentaron sustancialmente, mientras la asistencia que brinda el Estado quedó obsoleta en una cifra que hoy parece más una broma de mal gusto que una ayuda real. Perder a un ser querido supone un sufrimiento emocional profundo, pero, además, un impacto económico para esas familias que viven con lo justo.

Históricamente, el ritual fúnebre en Argentina fue un pilar social y un derecho garantizado por el Estado o las organizaciones sindicales. Durante gran parte del siglo XX, las mutuales y los gremios funcionaban a modo de contención para asegurar que el trabajador y su familia tuvieran una despedida decente. El sistema previsional, a través de cajas profesionales y estatales, consolidó la idea de que la dignidad humana debía extenderse hasta el último adiós. A pesar de esto, con las varias crisis financieras y el gradual retiro del Estado, el mercado funerario comenzó un proceso de privatización callada que convirtió un derecho en un gasto.

En la actualidad un ataúd básico puede costar de acuerdo con la información de Casa Córdoba, los precios de los ataúdes se integran dentro de sus planes de servicio. La oferta de servicios funerarios de Cucha Cucha se organiza en distintos niveles que combinan personalización y materiales, con una marcada diferencia de costos entre las gamas iniciales y las más exclusivas. En el segmento básico, la línea Eco parte desde los USD 820 para su versión inicial y puede superar los USD 2.100 en sus opciones más completas, mientras que la gama Medium arranca en USD 2.170 y alcanza hasta USD 2.660. En contraste, los servicios de alta gama elevan considerablemente los valores: las opciones en cedro comienzan en USD 5.200 y llegan a USD 9.500, y las de roble parten de USD 6.500 hasta alcanzar los USD 12.000.

A esto se suman las líneas Premium y Presidencial, que incorporan materiales nobles, detalles en metales preciosos y terminaciones artesanales, consolidando una estructura tarifaria donde la elección de insumos y nivel de exclusividad convierte a estos servicios en inversiones de alto impacto económico frente a las alternativas estándar. La empresa señala que publica estos valores en dólares estadounidenses para mantener la transparencia de precios, aunque están sujetos a actualización y disponibilidad de financiación.

Las personas de clase media se ven forzadas a recurrir a servicios que, en muchas ocasiones, son inasequibles, mientras que los grupos de bajos recursos quedan en una situación de inestabilidad administrativa. Un aspecto clave de la despedida es el servicio funerario o la cremación básica. En la ciudad de Buenos Aires, el costo de un servicio directo comienza en $790. 000 más IVA en empresas como Cia. Miguel Costa, pudiendo llegar hasta $1. 150. 000 dependiendo de la complejidad y el lugar donde se realicen las ceremonias.

La selección del lugar final es el punto donde el presupuesto tiende a desbordarse. Si se elige una despedida que incluya una tumba en un cementerio o un parque privado, los precios aumentan considerablemente. Compañías como Lázaro Costa (Grupo Jardín del Pilar) brindan servicios completos que pueden incluir tumbas temporales por un período de cinco años en espacios como el Parque Memorial o Jardín de Paz y en tales casos, el costo de la tumba privada inicia en $1. 500. 000 y puede sobrepasar los $9. 000. 000 en áreas exclusivas de la zona norte, además de las cuotas mensuales por el mantenimiento que actualmente varían entre $15. 000 y $35. 000.

Frente a esta realidad, el famoso Subsidio de Contención Familiar de ANSES se mantiene congelado en apenas $15.000, un monto que hoy representa menos del 2% de lo que cuesta el servicio más económico del mercado y se podría decir que no alcanza ni para las flores. Lo que más llama la atención de este “beneficio» no es solo su escaso valor, sino su estancamiento en el tiempo. La cifra del subsidio se fijó en mayo de 2020 mediante el Decreto 459/2020. En aquel entonces, el monto tenía un valor relativo muy distinto, pero seis años después con la pérdida del valor de la moneda por el efecto inflacionario, quedó totalmente desfasado al precio de cualquier cochería argentina.

La no concordancia entre el subsidio y los precios de mercado pone en jaque a las familias que viven en una situación de vulnerabilidad extrema  y para clase media baja también, lo que las obliga a recurrir a colectas solidarias o a endeudarse con préstamos personales para poder despedir a sus seres queridos de manera digna.

Casos recientes reflejan esta problemática: en La Plata, tras la muerte de un joven detenido en una unidad penitenciaria, sus familiares iniciaron una campaña para reunir cerca de $1 millón con el objetivo de cubrir los gastos del funeral, difundiendo en redes un pedido de ayuda en el que expresaban estar atravesando “un momento muy difícil” y solicitaban colaboración económica para el velatorio . Situaciones como esta se multiplican y evidencian cómo, frente a la falta de respaldo estatal suficiente, el costo de despedir a un ser querido termina dependiendo de la solidaridad colectiva.

Para los sectores que no cuentan con ahorros ni acceso a un crédito, el panorama es todavía peor, los empuja a depender casi exclusivamente de la Asistencia para Casos de Indigencia que gestionan los municipios a través de sus secretarías de Desarrollo Social. Estos servicios, conocidos como «de oficio» o gratuitos, suelen estar saturados y se limitan a lo estrictamente necesario, muchas veces sin posibilidad de velatorio o elección de destino final. Incluso la cremación municipal, que se presenta como la última opción para quienes no pueden costear un arrendamiento en tierra, requiere trámites de eximición de pago que exigen demostrar la falta total de medios económicos ante el cementerio.

A este escenario se suma la burocracia del duelo, un laberinto de papeles que muchas veces las familias deben transitar en su peor momento. A pesar de ser una cifra simbólica, el subsidio de ANSES sigue siendo un derecho para los familiares de jubilados y pensionados, pero el trámite requiere presentar la factura del servicio a nombre de quien pide el reintegro y se puede realizar de forma online vía Mi ANSES o sacando un turno presencial dentro del plazo de un año desde el fallecimiento. El problema radica en que, para obtener esa factura, primero hay que haber pagado un servicio que hoy es inalcanzable para un salario mínimo.

Finalmente, la falta de actualización de estas políticas públicas genera una “privatización de la muerte”. Mientras que décadas atrás el Estado o los sindicatos garantizaban una despedida respetuosa, hoy la brecha es tan profunda que el sistema parece haber renunciado a su rol de contención. Si bien muchas funerarias ofrecen planes de financiación en cuotas o convenios a largo plazo para amortiguar el impacto, estas alternativas no dejan de trasladar el problema hacia adelante: despedir a un ser querido se convierte, en muchos casos, en una deuda que acompaña durante meses o incluso años. En este escenario, la muerte deja de ser solo un hecho inevitable para transformarse también en una variable económica que profundiza desigualdades. La discusión, entonces, ya no es solo cuánto cuesta un funeral, sino qué lugar ocupa la dignidad en la última despedida y qué rol está dispuesto a asumir el Estado para garantizar en una sociedad cada vez más atravesada por la precariedad.